Fragilidad y hambre en Venezuela

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Venezuelans trek over an informal crossing to reach Cúcuta, Colombia, April 2019. ©UNHCR/Vincent Tremeau

Por Jordan Teague y Rahma Sohail

Aunque Latinoamérica tiene menos del 10% de la población mundial, casi la mitad de todas las muertes relacionadas con el COVID-19 han ocurrido allí, y muchos de los países de bajos ingresos más afectados durante el primer año de la pandemia se encuentran en Latinoamérica.

Latinoamérica se convirtió rápidamente en el epicentro de la pandemia en el mundo, a pesar de que los casos de COVID-19 no aparecieron en la región hasta mucho tiempo después de surgir en Europa y Estados Unidos.

Una de las principales razones es que la mayoría de los países latinoamericanos enfrentaron innumerables desafíos políticos y de gobernabilidad antes de que golpeara la pandemia por COVID-19. La corrupción en el gobierno y los bajos niveles de impuestos obligatorios, así como bajos niveles de recaudación fiscal contribuyeron a muchos problemas que se exacerbaron con la pandemia, en particular los deficientes sistemas de salud pública, muy altos niveles de desigualdad económica y sistemas de educación pública con deficiencia de recursos.

En los últimos años, Venezuela ha enfrentado lo que algunos consideran “la mayor crisis humanitaria del continente americano“. La economía y la estructura política del país colapsaron a pesar de que posee las mayores reservas conocidas de petróleo en el mundo. Más de 5 millones de personas han huido del país y se estima que el 91% de quienes permanecen allí, viven en la pobreza. Casi un tercio de los venezolanos (más de 9 millones de personas) padecen inseguridad alimentaria o malnutrición. Se estima que estas cifras aumenten a medida que el coronavirus siga propagándose.

Las terribles circunstancias previas a la pandemia han exacerbado la muerte y el sufrimiento causado por el COVID-19. El 80% de los hospitales de Venezuela carecían de personal y el 60% de esos centros de salud no estaban equipados con necesidades básicas, como el suministro de agua y servicio eléctrico confiable.

Desde hace varios años, las protestas públicas se han extendido por el país mientras la gente denuncia las malas políticas del gobierno y otras deficiencias que llevaron a un colapso económico y escasez de alimentos. En 2018, una cuestionada elección presidencial empeoró la situación política. La Organización de los Estados Americanos, la Unión Europea y otras organizaciones internacionales declararon que el resultado no era válido.

Según una publicación del blog del Instituto para la Paz de los Estados Unidos, el gobierno ha utilizado la pandemia del COVID-19 para oprimir a sus críticos. Por ejemplo, las cuarentenas -que son necesarias para la salud pública- se están utilizando para “restablecer el control político y social“, y el gobierno se encarga de ocultar el verdadero número de víctimas del COVID-19.

Según el International Crisis Group, Venezuela está al borde de una hambruna. Las filas en los sitios públicos de distribución de alimentos se extienden por millas, hay escasez de agua potable y aún mayor es la escasez de medicamentos. La moneda del país se ha devaluado tantas veces que su valor es casi nulo, lo que indica un aumento de las tasas de inflación. A finales de abril de 2020, la inflación de los alimentos había alcanzado el 251%. La única “opción” para quienes no encuentran productos en las tiendas de comestible es pagar hasta 10 veces más en el mercado negro, lo cual es imposible para la mayoría.

En lo que representa una amenaza adicional para la seguridad alimentaria, la escasez de combustible impide que los agricultores operen sus equipos para plantar sus cultivos. Se proyectó que más de la mitad de las tierras agrícolas que produjeron cultivos en 2019 quedarían en barbecho en 2020. A algunos sectores agrícolas les está yendo peor: La industria láctea está trabajando a solo el 12% de su capacidad y solamente uno de cada seis centrales azucareras se encuentra operando actualmente.

Las sanciones de Estados Unidos que buscan interrumpir el comercio entre Venezuela e Irán han creado más problemas para acceder a suministros básicos. Las sanciones de Estados Unidos a los buques petroleros que viajan desde Irán hacia Venezuela han provocado que el precio del petróleo aumente hasta en un 30%, lo cual ocurre en un momento en que la pandemia provocó que los precios mundiales del petróleo cayeran a mínimos históricos, y en un país rico en reservas de crudo.

El gobierno venezolano ha desplegado al ejército para controlar el racionamiento en las gasolineras de todo el país. Los agricultores esperan durante horas en fila por sus insuficientes raciones de combustible, y quienes pueden permitirse comprar más gasolina a los exorbitantes precios del mercado negro, también lo hacen. La escasez de combustible también tiene repercusiones más abajo en la cadena de suministro de alimentos– por ejemplo, suele suceder que los productos no puedan transportarse a los centros de distribución por falta de combustible.

Jordan Teague es codirectora interina de análisis de políticas y creación de coaliciones, y Rahma Sohail fue becaria Crook 2020 del Instituto Pan para el Mundo.

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