Este es el segundo blog de una serie de tres partes sobre los atributos raciales, el hambre y el nuevo coronavirus (COVID-19). Los blogs se centrarán en el impacto del COVID-19 en las comunidades afroamericanas, latinas y autóctonas, respectivamente.
Por Marlysa D. Gamblin
Muchos factores propician que las comunidades latinas sean más vulnerables a la pandemia del Coronavirus (COVID-19). Durante la pandemia de H1N1 en 2009, el porcentaje de casos confirmados entre los latinos fue el doble al del porcentaje de la población general de Estados Unidos. Esto hace que los defensores anticipen disparidades raciales similares con el COVID-19. Además, alrededor del 40 por ciento de los latinos han informado que ven al COVID-19 como una amenaza seria para su salud, el doble al de la tasa de encuestados de raza blanca. La comunidad latina es diversa y sus miembros tienen diversos grados de susceptibilidad en función de factores tales como el estatus migratorio, atributos raciales, bienestar económico y estado de detención.
Sin embargo, como comunidad, los latinos trabajan desproporcionadamente en empleos que requieren presencia física y no ofrecen una opción de teletrabajo. En una encuesta de ciudadanos estadounidenses empleados, el Centro de Política Económica (Economic Policy Center) encontró que los latinos tienen la proporción más baja de trabajadores que pueden teletrabajar (16.2 por ciento, en comparación con el 19.7 por ciento para los afroamericanos, el 30 por ciento para los estadounidenses blancos y el 37 por ciento para los asiáticos americanos).
Es probable que algunos grupos dentro de la comunidad tengan aún menos opciones para el teletrabajo debido a tasas más altas de trabajos basados en servicios, incluyendo asistentes de salud en el hogar, trabajadores de entrega de alimentos y trabajadores agrícolas. Estos trabajos emplean de manera desproporcionada a inmigrantes, en particular a los trabajadores extranjeros temporales y a los indocumentados, así como a los afrolatinos.
Los latinos, ya sean nacidos en Estados Unidos, ciudadanos naturalizados o inmigrantes, trabajan de manera desproporcionada en los 10 empleos peor pagados del país. Trabajos tales como el de cajeros o trabajadores domésticos a menudo implican contacto con muchas personas. Por lo general, estos empleos no les ofrecen, a sus trabajadores, beneficios como licencia por enfermedad pagada. Los trabajadores en estos ámbitos tienen más probabilidades de contraer el virus que las personas que pueden trabajar desde sus casas y, si se enferman, son más vulnerables a perder sus trabajos y/o no poder pagar el alquiler y otros servicios.
Los inmigrantes latinos indocumentados se encuentran entre las personas más vulnerables en Estados Unidos. Su falta de equipo de protección en el lugar de trabajo, el acceso restringido a muchos programas de las redes de seguridad, los bajos salarios y la inelegibilidad para el seguro de desempleo, a pesar de que pagan impuestos, aumentan de forma acumulativa su vulnerabilidad a contraer el virus, perder sus empleos y sufrir hambre. Los trabajadores indocumentados que no han perdido sus empleos están en situaciones que aumentan su exposición al virus. Por ejemplo, los trabajadores agrícolas, la mayoría de los cuales son indocumentados, todavía se consideran trabajadores “esenciales” en lugares que tienen órdenes de permanecer en casa. Sin estos trabajadores, las personas a través de la nación no tendrían acceso seguro a alimentos. Además, muchos inmigrantes indocumentados, independientemente de su situación laboral, temen visitar los bancos de alimentos y buscar atención médica debido al riesgo de ser detenidos. Esto aumenta el peligro de que el virus se propague a sus familias y comunidades.
Los inmigrantes latinos indocumentados también tienen mayor probabilidad de contraer el virus porque enfrentan niveles más altos de inseguridad alimentaria, lo que compromete su sistema inmunológico. Si bien este tema está poco investigado, es razonable asumir, en opinión del Instituto de Pan para el Mundo, que la inseguridad alimentaria entre los inmigrantes indocumentados es mucho más alta que la tasa de hambre del 18 por ciento para los inmigrantes en general.
Las personas que se vieron forzadas a huir de sus hogares en los países del Triángulo Norte de América Central (El Salvador, Guatemala y Honduras) y que ahora están detenidas en Estados Unidos también corren un riesgo muy alto de contraer COVID-19. Muchos centros de detención carecen del jabón que las personas necesitan para lavarse las manos regularmente y mantener una buena higiene general con el propósito de reducir el riesgo de propagar el virus a otros. Los centros de detención están superpoblados, y en estos momentos los funcionarios no están siguiendo las directrices de los Centros para el Control de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) sobre el distanciamiento social y el lavado de manos. Ha habido numerosos reportajes noticiosos sobre alimentos de muy baja calidad, falta de nutrientes esenciales e informes sobre hambre en los centros de detención de todo el país. Es probable que las personas que viven en estas condiciones tengan un sistema inmunológico debilitado y, por lo tanto, corran un mayor riesgo de enfermedad grave o muerte si contraen COVID-19.
En cada uno de estos grupos, los afrolatinos enfrentan el racismo anti-negro además de las muchas otras inequidades que acabamos de mencionar, lo que los hace aún más susceptibles a contraer el virus y a un mayor riesgo de muerte si lo hacen.
Terminar el hambre a nivel mundial requiere que, alrededor del mundo, las personas de prioridad la equidad racial en sus respuestas a la pandemia. Desafortunadamente, los datos recopilados hasta el momento son limitados, y gran parte de éstos no han sido desglosados por atributos raciales, etnia, clase, género y estatus migratorio. Esto hace que sea difícil o imposible determinar lo que sería una parte equitativa de los servicios y recursos de ayuda para la comunidad latina que satisfaga su nivel de necesidad. El plan de respuesta al COVID-19 debe abordar las desigualdades que enfrentan los latinos, ya sea que afecten a ciudadanos, inmigrantes documentados, inmigrantes indocumentados, recién llegados solicitando asilo o cualquier combinación de los anteriores. También es importante abordar los obstáculos y necesidades adicionales específicas, aunque poco investigadas, de los afrolatinos en cada una de estas categorías.
Marlysa D. Gamblin es asesora de política publica nacional, Instituto de Pan para el Mundo.
